El gran problema fiscal de Colombia: La regla fiscal

Colombia tiene un problema de sostenibilidad fiscal y es un problema estructural. La última muestra de este problema es la suspensión de la regla fiscal, pero el gran síntoma son las sucesivas reformas tributarias que el Gobierno ha tenido que realizar. Según mis cuentas son alrededor de 20 reformas desde 1990, es decir una reforma cada 1.75 años, en otras palabras, cada año y medio más o menos hay una reforma tributaria.

Pero para abordar este tema tan complejo se requiere una serie de columnas donde ésta es la primera de una trilogía para abordar este tema. Razón por la cual vale la pena empezar explicando qué es la regla fiscal.

La regla fiscal es una ley que se aprobó en el 2011, que busca limitar el déficit primario del Gobierno (la diferencia entre ingresos y gastos del gobierno sin contar deuda pública) el objetivo teórico de la regla fiscal es mantener vía ley la sostenibilidad del Gobierno Nacional para evitar incrementos desmedidos de la deuda pública.

Pero como se abran percatado, la sostenibilidad del gobierno depende de tres grandes variables: ingresos, gastos y deuda. Para que un gobierno este en equilibrio, en principio se requiere que los ingresos sean iguales que sus gastos. Pero en términos financieros lo que realmente se requiere es que el costo de sostener la deuda sea igual o menor a la diferencia entre gastos e ingresos (déficit primario).

Es decir que el problema intrínsicamente no es qué tan endeudado este el Gobierno, sino que tan costoso es mantener la deuda. Ya que, si lo que se paga de interés es mayor que el superávit primario, la deuda aumenta por sí sola porque toca pagar esta diferencia emitiendo mas deuda; por el contrario, si los intereses pagados son menores que un posible superávit fiscal, la deuda se reduce porque hay un recurso sobrante que permite, por decirlo en términos coloquiales, abonar a capital.

De esta realidad es que surge la regla fiscal. Como el interés pagado por la deuda depende del mercado, la forma más fácil de controlarlo sería vía gastos apretando al Gobierno, dado que sus ingresos inercialmente crecen si la economía crece. Esto quiere decir que, si la economía crece los ingresos también crecen sin necesidad de reformas tributarias.

A partir de este contexto, aquí entra una pequeña trampita que los gobiernos pasados han hecho para cumplir la regla fiscal y es la siguiente: como los gastos siempre crecen desaforadamente, para no incumplir la regla fiscal o suspenderla como lo acaba de hacer el actual Gobierno, solo hay que incrementar los ingresos para equilibrar la mezcla y ¡voilá! tenemos una nueva reforma tributaria. Ésta estrategia la han podido hacer todos los gobiernos siempre y cuando en el Congreso les aprueben reformas tributarias, leyes de financiamiento o similares; pero como el Gobierno Petro perdió al Congreso y no importa que tan racional o necesaria sea una ley, la oposición la frenará. Por tanto, al Gobierno no lo queda más opción que suspender la regla fiscal.

Pero muchos se estarán preguntando ¿Por qué no reducir los gastos en vez de aumentar la deuda violando la regla fiscal? Y es que aquí aparece uno de los problemas estructurales de las finanzas públicas: el gasto fijo e inamovible del Gobierno Nacional. Como ven en la tabla del PGN 2025, el 92% del gasto del Gobierno Nacional no depende del Gobierno Nacional sino de un marco normativo.

Lo cierto es que este problema no es nuevo, es algo que viene sucediendo de forma sostenida desde 1991, solo que en esta vigencia alcanzó niveles peligrosos y además se espera que esta tendencia no solo continúe, sino que se profundice en los años siguientes; (nota: entre mas cerca se esté al 100%, más inviable es el Gobierno y más cerca se está a un colapso fiscal).

Entonces la pregunta de ¿Por qué es tan rígido el gasto fiscal? Bueno, aquí la responsabilidad se reparte entre los tres poderes del Estado, pero principalmente recae entre el Congreso y las Cortes (en especial la Corte Constitucional) que han tomado decisiones irresponsables fiscalmente de forma sucesiva y como deporte.

La última decisión irresponsable y que pone en jaque las finanzas públicas, fue la aprobación del proyecto de ley que incrementaba las transferencias vía Sistema General de Participaciones a los entes territoriales, proyecto de origen parlamentario del partido En Marcha que incrementa constitucionalmente el gasto del segundo rublo más importante del Gobierno Nacional, una gran noticia para el presente de los gobiernos locales pero también un gran problema para todos los colombianos el día de mañana.

Pero el problema no solo es el Congreso y las Cortes, sino también el Gobierno Nacional que en los últimos 30 años no ha sido capaz de organizar las finanzas públicas, modificando estructuralmente el estatuto tributario, su incapacidad para solucionar la pereza fiscal de los entes territoriales, promover la independencia fiscal de los entes territoriales (es decir que sus ingresos dependan de recaudos propios y no de transferencias desde la Nación), eliminar fondos deficitarios (como el del ACPM, entre otros); entre una infinidad de cosas más que se han dejado de hacer bajo la premisa que ese será un problema del siguiente gobierno.

Es decir, ahora requerimos un gran acuerdo político que modifique y toque cada uno de los elementos de la Nación: los impuestos nacionales, locales, los gastos por ley, la forma de concebir derechos adquiridos y sopesarlos por las Cortes, como opera y contrata el Estado, como se investigan las irregularidades fiscales, entre otras. Para desactivar esta bomba de fina relojería.

Porque una reforma tributaria cosmética solo le da más tiempo al problema, pero no lo resuelve. El cómo ajustar los ingresos y los gastos es un tema que tratare en las próximas columnas.