El gran problema fiscal de Colombia. La rigidez del gasto

Con la noticia de que el Gobierno suspende la regla fiscal, el país ha caído en cuenta de que tenemos un problema fiscal, pero lo que hoy es noticia realmente es un problema estructural del Estado colombiano como se explicó en la columna pasada y este problema que parece nuevo para la prensa ha sido estudiado y diagnosticado durante años en infinidad de artículos académicos y por un número inmenso de investigadores y académicos colombianos advirtiendo que estábamos cabalgando un caballo desbocado.

Lo cierto es que uno de los grandes problemas es la rigidez del presupuesto general de la Nación. Según cálculos del Ministerio de Hacienda, el 92% del PGN es un gasto inflexible ordenado por la ley al momento de ser aprobado el PGN2025 el año pasado, es decir que de un presupuesto de 523 billones, el Gobierno solo es libre de de decidir como gastar 41.7 billones (es decir, solo el 8% del PGN depende del presidente) y aquí empiezan los problemas porque al momento que el Congreso negó la ley de financiamiento propuesta por el Gobierno, creó el escenario perfecto para un nudo gordiano, porque generó un problema de financiación al Gobierno de 24 billones, lo que implicaba aumentar la rigidez del presupuesto al 97%, más o menos, o violar la ley.

Y dado que aceptar dicha rigidez es prácticamente paralizar las políticas sociales y de inversión del Estado, el Gobierno prefirió romper la regla fiscal para seguir a flote. Pero esta situación pone a la Nación en un situación insostenible porque aumenta el costo de la deuda (lo que aumenta aún más la rigidez del presupuesto) y con la entrada en vigencia de la modificación del Sistema General de Participaciones que obliga al Gobierno a transferir una porción mayor de ingresos a las regiones hasta alcanzar el 50%, y si a eso le sumamos la imposibilidad de una reforma tributaria por la oposición irracional de las bancadas de oposición en el Congreso; los 3 poderes del Estada están actuando casi de forma confabulada para llevarnos a un punto en donde los gastos fijos del gobierno van superar los ingresos.

Pero esta situación de alto estrés fiscal no es nueva, no por nada se han realizado 20 reformas tributarias desde 1990 como una forma de ampliar los ingresos para evitar que los gastos fijos sean iguales a los ingresos de la Nación. Lo nuevo es que hay sectores políticos que prefieren quebrar a la Nación antes que aceptarle algo al Gobierno.

Pero el problema real es que la ley está hecha para que el gobierno no sea libre de decidir cómo usar los recursos y esta característica se ha venida acentuando todos los años, dado que el Congreso va aprobando leyes que crean fondos, programas, subsidios y políticas públicas que requieren ser financiadas y obligan al Gobierno a destinar una porción cada vez mayor a las mismas, tendencia que se ha acentuado ya que el Gobierno para escapar de esta rigidez usa la figura de vigencias futuras (comprometer plata futura) para financiar la inversión, agravado porque la Corte Constitucional ha dicho que no hay poder democrático que pueda eliminar privilegios (bajo las figuras de derechos adquiridos y estabilidad jurídica) y nadie, ni siquiera la votación mayoritaria, puede tocarlas. Un ejemplo de esto son las megapensiones, las primas técnicas de altos funcionarios y unos montos de beneficios jurídicos dados a empresas que no pueden ser modificados, porque en una democracia la mayoría tiene que respetar estos privilegios.

A esta situación hay que sumarle que, por razones constitucionales, parte de los ingresos del Gobierno Nacional se destinan a los entes territoriales vía Sistema General de Participaciones (SGP) y que las regalías también se distribuyen a los entes territoriales casi en su totalidad; lo que limita al Gobierno central en su capacidad de realizar inversiones estratégicas a nivel nacional. Problema que se acentuará cuando la reforma del SGP promovido por el ministro Cristo entre en implementación.

De otro lado, el Gobierno tiene un problema serio de personal llamado: contratistas. Como el Estado está mal organizado y las funciones son difusas junto con la dificultad de contratar personal de forma rápida, es una misión casi imposible por las regulaciones existentes. Allí aparecen los contratistas al rescate. Como consecuencia, existen direcciones en ministerios, departamentos o cualquier institución pública donde los únicos funcionarios reales son los directores, subdirectores y secretarias; el resto son contratistas. El problema es que en esta marisma de contratistas se pueden colar miles de cuotas burocráticas de la política. Posdata en Colombia por la forma de nuestra contabilidad, los proyectos de inversión en muchas entidades son solo gasto de misionales (casi de funcionamiento) disfrazado bajo el beneplácito de una mala ley, lo que justifica a los contratistas.

Por estas razones controlar el gasto se vuelve una misión bastante compleja, ya que la rigidez del gasto no depende del Gobierno y a medida que aumenta la rigidez, menos capacidad se tiene para controlar el gasto, y esta es una de las razones que nos llevan a romper la regla fiscal: simplemente porque después de la pandemia y el sobreendeudamiento de Gobierno Duque, la rigidez alcanzó niveles peligrosos, sumado a la dificultad de aprobar una nueva reforma tributaria, solo queda como opción romper la regla fiscal porque reducir el gasto fijo es ilegal o es sinónimo de impago de la deuda.

En conclusión, sin una reforma radical de la estructura del funcionamiento del Estado, sin una reorganización real del aparato administrativo y sus formas de contratación de personal, es casi imposible solucionar el problema de la sostenibilidad fiscal. Restructurar el Estado implica también una reestructuración real de las relaciones entre los entes territoriales y el Gobierno Nacional y aunque no se habla del problema de los ingresos, ese también se debe tocar pero será un tema para otro momento.